Las Obras no solo son Amores

Por: Arq. Carlos Enrique Martinez Gutierrez

Publicado: Milenio Diario Septiembre 2018

La obra pública es uno de los elementos de las políticas publicas gubernamentales que tiene por objeto construir los equipamientos e infraestructura necesarios para dar diferentes servicios a la población, desgraciadamente en los últimos años se ha visto este tipo de políticas públicas como un fin y no como un medio para combatir la desigualdad y proveer de mejor calidad de vida a la población.

Con el tiempo han aparecido una serie de “Empresas Constructoras” o supuestos “Contratistas” que lejos de prestar los servicios profesionales de proyectos o construcción con la seriedad y profesionalismo que debería de ser, la han visto como un botín muy apetitoso en donde han participado políticos, funcionarios públicos, empresarios oportunistas y aficionados en algunos de los casos.

Lo que pareciera un ejercicio técnico y sencillo de prestación de servicios profesionales para proyectar o construir una obra, las diferentes leyes en materia de obra pública así como las diversas reglamentaciones ha dado como resultado corrupción, simulación, obras de mala calidad, elefantes blancos, impunidad y exclusión de los verdaderos técnicos facultados por la ley.

Tradicionalmente los diferentes entes de gobierno se han preocupado más en cumplir de papel con la ley, que ejecutar obras de calidad, donde se incluyan los estudios y proyectos ejecutivos necesarios para garantizar la correcta inversión de los recursos públicos.

Se han confeccionado leyes y reglamentos que dicen mucho, pero pocos efectivos, totalmente desvinculados del sector de la construcción, su visión es como si proyectar o construir fuera un producto que se compra en la tienda de la esquina y no un servicio profesional prestado por técnicos, mismos que deberían de ser los responsables de los proyectos y la realización de los mismos, la lógica nos dice que así debería de ser, pero la reglamentación prácticamente los ve como un mal necesario y solo solicitaba su aval.

De ahí nos explicamos por qué en las diferentes leyes se refieren a contratistas y no profesionistas, que bajo esta figura se ha solapado a presta nombres de funcionarios, se ha generado grandes negocios, se han asignado obras, pagado favores políticos entre otros vicios y por supuesto corrupción e impunidad.

En nuestro estado los antecedentes de legislación en materia de obra pública data de 1933 con la “ley de cooperación, planeación y obras públicas”, que a través de los años dicha norma se fue modificando, hasta llegar a nuestros tiempos donde el gasto en inversión de la obra pública creció de una manera importante y obligo a tener una reglamentación aparentemente más completa.

A partir del 1 de agosto del presente año entro en vigor una nueva legislación en materia de obra pública derogando la anterior ley del año 2004 misma que sufrió modificaciones en el 2005, 2008 y 2011 pero lo absurdo del caso es que el reglamento de esta ley fue elaborado en 1990 con la ley anterior y salvo algunas adecuaciones nunca fue actualizado por el ejecutivo del estado, situación que la hacían inoperante al presentar múltiples errores, incongruencias y lagunas jurídicas, que por supuesto facilito la corrupción.

La nueva ley de obra pública del estado de Jalisco y sus municipios impulsada por la CMIC delegación Jalisco presenta claros obscuros en su contenido, por un lado, innova a nivel nacional, incluyendo un capítulo especial acerca de los proyectos ejecutivos, donde reconoce que son una obra intelectual protegida por la ley de derechos de autor, los cuales deberán ser pagados con los aranceles profesionales de acuerdo con el ramo profesional que se trate y su género respectivo, además incluye a los responsables de los mismos.

Así mismo da orden y clasifica los tipos de proyectos y obras a realizarse, vincula la obra pública con los ordenamientos urbanos estableciendo la observancia de todo proyecto y obra pública de las leyes, reglamentación y planes en materia de medio ambiente, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, que, aunque parezca increíble no estaba estipulado en ningún ordenamiento.

Pero, por otro lado, llama la atención una serie de artículos que van en contra del mismo sector de la construcción como, por ejemplo;

1.- Se estipula que mientras no se finiquite una obra no se podrá contratar otra, la pregunta seria cuantos meses pasan entre la contratación, ejecución, finiquito y pago de esta, así que los constructores solo podrán contratar una obra al año en el mejor de los casos así sea por montos mínimos

2.- Se sigue estipulando que, la obra pública debe de garantizar la mejor calidad, precio y financiamiento al estado, esto en términos llanos es bueno bonito, barato y fiado así que los constructores no se podrán quejar porque financian, y les paguen barato, se les olvido que los constructores no son financieras, son prestadores de servicios profesionales donde la mayoría son micros, pequeñas empresas y profesionistas independientes, además dentro de las incongruencias que contiene esta ley es que establece que no se podrá realizar una obra si no se cuenta con la partida presupuestal requerida, la pregunta seria ¿para que se requiere financiamiento si se tienen los recursos económicos? ¿o es que no se tienen? De ahí se derivan los vicios constantes del desvío de recursos por parte de las dependencias públicas y la mala fama de las dependencias en cuanto al pago, además de la cadena de corrupción.

3.- El contratista local en fechas especificas deberá presentar un mundo de documentos para obtener su registro y pueda participar en licitaciones, en cambio el contratista de fuera del estado con inscribirse al concurso basta y en caso de ganar tendrá que registrarse, ¿eso es igualdad de condiciones?

4.- Por demás preocupante es que la ley establece que habrá una contraloría social para revisión de las obras y que son ciudadanos común y corriente los que verificaran la obra, ¿cómo? Un ciudadano metido en temas técnicos, además de ser contra la ley por usurpación de profesión, por supuesto que los constructores serán rehenes para obtener el Vo. Bo para cobrar, la pregunta seria ¿para qué están los supervisores de las dependencias?

5.- La ley establece que los finiquitos o liquidaciones de obra los entes públicos tienen entre revisiones y pago cerca de tres meses para realizarlo después de haber terminado los trabajos, estos tiempos meten en serios problemas a los constructores desde el punto de vista de liquidez y los hace candidatos a serios problemas económicos.

Este tipo de artículos de la ley acabaran matando a la microempresa y al profesionista independiente y favorece a la mediana y grande empresa, que triste que CMIC se a convertido en gestora de los grandes intereses promulgando y avalando este tipo de artículos en contra de los profesionistas independientes, micro y pequeñas empresas del sector, más de lo mismo, pero de diferente forma.

Aun con todos los claros obscuros de esta nueva ley, preocupa las declaraciones de algunos funcionarios municipales en el sentido que no les aplica esta ley porque es para los presupuestos del estado, se les olvida que las leyes son de observancia general en el territorio que aplique, en este caso Jalisco como lo especifica el artículo 1º de dicha ley, pero además en los artículos transitorios son muy claros en cuanto a la obligatoriedad de esta.

Las primeras manifestaciones y actitudes por parte de algunos de los municipios del área metropolitana de Guadalajara es la de ignorar dicho ordenamiento aduciendo mil pretextos, ¿será que les complica los compromisos del cierre de la administración? O ¿les amarran las manos en el año de hidalgo?

La realidad es que se cuenta con una nueva ley que en algún momento la llamaron anti moches, esto habrá que ver si es tan efectiva como la publicitaron, por supuesto que habrá que corregir los errores de esta nueva ley, pero lo más importante de todo es que la ciudadanía no podemos permanecer ajenos a la vigilancia de los recursos públicos, es el momento de exigir que se cumplan las leyes, demandar que se acabe la impunidad, que se realicen las obras con la calidad debida por los profesionistas que para eso se prepararon, demandar a los funcionarios que cumplan con su trabajo no utilizando los puestos públicos para promoción personal y beneficio económico.

Los ciudadanos tenemos la última palabra