Por: Arq. Carlos Enrique Martinez Gutierrez
Publicado: Opinión Política 23 Agosto 2021
Existen en las ciudades amplias extensiones de asentamientos humanos con gran fragilidad y pobreza urbana en cuanto a servicios de todo tipo, construcciones notoriamente inseguras que desagraciadamente en los últimos años las autoridades ni los ven ni los oyen y mucho menos intervienen en revertir los riesgos y regularizar la situación de manera integral.
El crecimiento de estas áreas ha sido paulatina en los últimos años, zonas conocidas también como asentamientos irregulares o espontáneos la mayoría de ellos ubicados en terrenos de relleno e inestables, con pendientes pronunciadas, invadiendo cauces de arroyos o ríos, zonas bajas, o zonas naturales protegidas por mencionar solo algunos casos, terrenos ocupados la mayoría de las veces de manera ilegal derivado de la falta suelo y vivienda accesible por un segmento de la población que aproximadamente en los últimos 30 años han sido excluidos de los programas tradicionales de vivienda.
La problemática de la vivienda y suelo no es nueva, ya desde a mediados del siglo pasado se contemplaba la problemática y la necesidad de vivienda para la población. En 1954 fue publicada la Ley que creó el Instituto Nacional de la Vivienda, orientando sus objetivos al proyecto, construcción y administración de unidades habitacionales; sin embargo, ante la problemática y el notorio crecimiento de la población en zonas urbanas en 1971 se creó el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y de la Vivienda Popular (INDECO), asignándole funciones encaminadas a la solución gradual del problema de la vivienda, a la regeneración de zonas decadentes y al desarrollo de las comunidades rurales y urbanas, posteriormente es adecuada en 1978, otorgándole atribuciones encaminadas a satisfacer a nivel nacional la demanda de suelo urbano para la vivienda popular, así como para promover y ejecutar programas de vivienda para beneficio de los trabajadores no comprendidos dentro del régimen de seguridad social.
Entre varias atribuciones destacaban programas de lotes con servicios, vivienda progresiva, programas de autoconstrucción asistidos, programas interdisciplinarios para el aprovechamiento del servicio social obligatorio de los pasantes profesionales. En Septiembre de 1982 se liquida el instituto, sus atribuciones y bienes se transfirieron a los estados creándose los institutos de vivienda estatales.
Hoy la mayoría de los institutos de vivienda abandonaron las atribuciones originales y lejos de atender estas zonas se han convertido en facilitadores de trámite y proveedores de suelo a los desarrolladores de vivienda o en el mejor de los casos en desarrolladores de vivienda nueva con sistemas tradicionales de créditos, con los mismos errores en cuanto a diseño y tamaños de vivienda, ubicaciones, servicios etc.
Pero estas zonas de las ciudades siguen creciendo cotidianamente sin la atención debida tanto del estado como los municipios y menos con una estrategia clara para revertir este fenómeno, se debe de dar un viraje en las políticas publicas en materia de suelo y vivienda para frenar el fenómeno, atender estas áreas de las ciudades haciendo un verdadero rediseño de ciudad con el claro objetivo de darle calidad de vida y seguridad a la población.
Muy de acuerdo, se ha preferenciado el negocio inmobiliario antes que resolver el problema de vida digna a quienes las habitarán.
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